Globos de vigilancia pueden ver el interior de tu casa
Por Leandro Demori
Leandro Demori es periodista, editor de Medium Brasil y autor del libro "Cosa Nostra no Brasil, a história do mafioso que derrubou um império" (Companhia das Letras, 2016)
Con 13 cámaras, la capacidad de identificar la matrícula de un coche desde tres kilómetros de distancia y transmitir imágenes en directo a decenas de monitores, los globos no tripulados de vigilancia son las estrellas de la seguridad olímpica. ¿Pero las cámaras realmente traen seguridad? ¿Cómo queda la privacidad de los ciudadanos? ¿Quién vigila a los vigilantes?
130 policías invadieron viviendas en ciudades de los estados de Amazonas, Ceará, Paraíba, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Río de Janeiro, San Pablo, Paraná y Rio Grande do Sul en las primeras horas de la mañana del 21 de julio de este año. En una acción inusual para las fuerzas del orden brasileñas, esta vez los agentes no buscaban traficantes, políticos o corruptos de traje y corbata: buscaban terroristas.
Después del anuncio de los diez arrestos temporarios, de las conducciones coercitivas y las 19 órdenes de búsqueda y captura, la División Antiterrorista de la Policía Federal divulgó que los involucrados eran miembros de un grupo denominado Defensores de la Sharia. Estas personas estarían planeando, a través de internet, la adquisición de armamento para cometer crímenes en nombre del islam.
La luz amarilla se había encendido un mes atrás, cuando la Policía Federal arrestó en Chapecó, Santa Catarina, a Ibrahim Chaiboun Darwiche, después de sospechas de vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico (EI). La policía asegura que Ibrahim vivió en una ciudad controlada por el EI y que planeaba de modo sistemático un atentado en Brasil, con entrenamientos cotidianos que incluían disparos con armas de fuego, ejercicios físicos y el estudio del Corán, todo registrado en un diario incautado por los policías.
Criticado por la prensa mundial debido a la inseguridad para la realización de los Juegos Olímpicos, Brasil parece querer mostrar solidez en un área en la que viene naufragando en vivo frente a la intensa cobertura mediática: contra todas las expectativas declaradas por el gobierno, la seguridad pública del Estado de Río de Janeiro está en una situación caótica. En cifras acumuladas de enero a junio de 2016 se registró un aumento del 17% en el número de crímenes con muertes violentas (homicidio doloso, asalto seguido de muerte, lesión corporal seguida de muerte, homicidio resultante de resistencia a la autoridad). Los robos en la vía pública (robo a transeúnte, robo de celular, robo en autobús) aumentaron un impactante 34,1%, según los datos oficiales del Instituto de Seguridad Pública (ISP).
El esfuerzo por mostrar una ciudad segura se plasmó en el contingente de fuerzas del orden reclutadas para los Juegos —miles de policías, soldados del ejército y la Guardia Nacional— y también en la tecnología. Comprados por el gobierno de Río por 24,4 millones de reales, los cuatro globos aerostáticos de vigilancia son capaces de permanecer en el aire por días a un costo mucho menor que el de los dos helicópteros utilizados hasta ese momento. Con 13 cámaras, las aeronaves monitorean un radio de 4 kilómetros de distancia, con precisión suficiente para identificar detalles, como patentes de automóviles, armas de fuego y cuchillos. Fabricados por la empresa brasileña Altave, los globos también son fabricados en el exterior por otras empresas y monitorean zonas de conflicto, como Afganistán, la franja de Gaza y la frontera entre México y los EE. UU. “Cada uno de los equipos instalados en la Barra, en Deodoro, en el Maracaná y en Copacabana va a generar una imagen que es una especie de Google Earth en vivo”, explica Leonardo Mendes Nogueira, director de Altave.
Los globos que vigilarán a las multitudes durante los Juegos forman parte del tan mentado legado olímpico. Capacitados por el fabricante, 60 policías militares y 20 guardias civiles serán responsables por operar las aeronaves después de los juegos, en esquemas de seguridad cotidianos de Río de Janeiro, en lugares y fechas aún no definidos. Existen diferencias entre utilizar esos equipos en grandes eventos y apuntar sus cámaras para áreas residenciales. ¿Qué protocolos de seguridad de datos seguirán las fuerzas del orden? ¿Hacia dónde se transmitirán las imágenes? ¿Quién tendrá acceso a ellas? ¿Dónde se almacenarán los backups? ¿Quién tendrá acceso a ellos? En áreas urbanas densamente pobladas, como las favelas de Río de Janeiro, donde, desde la altura, apenas es posible diferenciar callejones de calles, patios de casas e interiores de habitaciones, ¿quién garantiza que las cámaras no filmarán a los ciudadanos dentro de sus propias casas mientras realizan acciones privadas?
Cada globo tiene ocho puertos de transmisión en vivo que se pueden conectar al mismo tiempo: ¿hay alguna garantía de que esos puertos son seguros? ¿Existe la posibilidad, por ejemplo, de que esas transmisiones no sean “vendidas” o “alquiladas” para fines menos nobles que la seguridad de la población? ¿Qué mecanismos aseguran que uno o más de esos puertos no se usen para transmitir imágenes en vivo a delincuentes, por ejemplo?
“No vamos a entrar en detalles técnicos sobre esos temas en este momento”, respondió Enrico Streliaev Canali, jefe de Comunicaciones del Ministerio de Justicia, órgano que coordina las operaciones de seguridad de los Juegos.
La negativa de transparencia gubernamental es un elemento más que demuestra la fragilidad del sistema frente al cuadro actual: Brasil no tiene ninguna ley de protección de los datos personales y no existen protocolos claros de control de esos equipos, ni en términos generales, ni en términos específicos para el caso de los globos aerostáticos. Además, tres de los cuatro globos serán operados por la Policía Militar de Río de Janeiro, una corporación con un largo histórico de abusos de poder contra la población civil. El hecho más reciente en tal sentido fue, irónicamente, el secuestro de un atleta neozelandés, liberado después del pago de rescate a los propios policías que lo secuestraron. “¿Qué hicieron de bueno ayer?”Yo fui secuestrado. Go Olympics! #Rio2016”, postó Jason Lee en Twitter después del delito.
What did you guys get up to yesterday?
— Jason Lee (@jasonleejitsu) 24 de julho de 2016
I got kidnapped. Go Olympics!#Rio2016
Dos motociclistas, agentes del Batallón de Vigilancia de Vías Expresas, fueron detenidos administrativamente. “Nosotros no capacitamos a la Policía Militar y la Guardia Civil en ese sentido [de la protección de los datos y la privacidad]”, aclara Leonardo Mendes Nogueira, director de Altave. “Nuestro enfoque fue el manejo de los equipos”.
Las dudas acentúan cuando no se tiene idea de cuántas personas tendrán acceso a los datos: según el Ministerio de Justicia, más de 20 instituciones de seguridad pública —entre Policía Federal, Policía Rodoviaria Federal, Policía Militar, Guardia Municipal, Secretaría de Seguridad del Estado de Río de Janeiro— recibirán las imágenes, cada una con sus propios procedimientos de actuación y almacenamiento de los datos.
El caso chileno
“Puedo imaginarlo filmando mi habitación”, dijo la adolescente Stephanie Söffge Güemes a los abogados que escucharon su historia para montar un proceso contra la intendencia de Santiago de Chile. “Estoy cerrando las ventanas todo el tiempo, no puedo vivir más una vida tranquila como antes, me siento vigilada 24 horas por día, siete días a la semana, llego a tener escalofríos”. Stephanie veía a simple vista, desde la ventana de su habitación, uno de los tres globos instalados en los rincones más pobres de las áreas ricas de la capital chilena. En nombre de la seguridad, sin protocolos de gestión de las imágenes y los datos recolectados, exactamente como en Brasil, la intendencia de la ciudad importó los equipos de Israel y los puso en operación sin mucha ceremonia hasta que fueron cuestionados por entidades de derechos civiles como Derechos Digitales.
“Era una clara violación de derechos, comenzando con la privacidad. Además, esos son equipos militares que necesitan una legislación especial para funcionar en zonas urbanas”, argumenta Pablo Viollier, abogado de Derechos Digitales y autor del documento que pedía a la Justicia el fin del uso de los globos en Santiago.
La batalla, que duró meses, tuvo varias marchas y contramarchas.
El sistema de vigilancia se anunció en agosto de 2015. Derechos se asoció a otras ONG y solicitó una medida cautelar en la corte local alegando violación de derechos de privacidad. De acuerdo con la pieza jurídica, los equipos estarían violando la constitución de chile por ser de naturaleza militar y estar sobrevolando zonas residenciales. “El globo tiene la capacidad de monitorear la rutina de las personas, grabarlas en situaciones íntimas dentro de las casas, patios y piscinas”, describen los abogados.
A través de las redes sociales, las ONG contactaron a otros dos ciudadanos molestos dispuestos a formar parte del proceso contra el municipio. En la acusación, ambos decían que veían los globos noche y día y se sentían amenazados por sus luces que se encendían intermitentemente. “Si podemos ver los globos desde dentro de la casa, ellos también pueden vernos”.
La medida cautelar despertó una polémica pública nacional, con amplia cobertura de los medios de prensa y una fuerte participación del poder público. ¿La lucha contra la delincuencia común justificaba esos globos? Para la intendencia, sí: se convocó a celebridades para defender la permanencia del equipo en el aire, se crearon campañas digitales, se instalaron vallas publicitarias e incluso se divulgaron encuestas, una que mostraban que el 83% de la población de uno de los barrios apoyaba los globos y, como último esfuerzo, otra que indicaba que los globos redujeron 44% la criminalidad local.
Las ONG contratacaron: hicieron circular en las redes una campaña por el derecho a la privacidad. Con adhesiones, lograron llamar la atención de un grupo de abogados que abrazó la causa gratuitamente. En la Corte de Justicia, frente a tres de los más renombrados abogados chilenos contratados por la intendencia, Derechos Digitales y sus aliados hicieron una exposición oral impecable. Llamada por los medios de comunicación “la discusión pública más importante sobre privacidad en Chile desde el fin de la dictadura militar”, la lucha terminó en manos de los jueces, quienes en primera instancia decidieron sacar de circulación a los globos aerostáticos.
“Qué Derechos Humanos, hay un bien mayor que es la seguridad”. La frase fue dicha por el alcalde de la comuna de Lo Barnechea, donde había dos globos aerostáticos instalados después del veredicto.
Frente a la insistencia de que los equipos eran peligrosos por tener la capacidad de filmar dentro de las casas, agregó: “Tomé una decisión con respecto a eso: solo contraté mujeres para operar los globos porque son menos voyeuristas que los hombres.” Una aclaración por lo menos curiosa.
La derrota hizo que la intendencia recogiera firmas en las calles, en las casas, buscando personas que apoyaran los globos aerostáticos. En el recurso judicial se adjuntaron al proceso más de 350 firmas, todas a favor de las cámaras. “Pero nuestro argumento jurídico era si los globos violaban derechos fundamentales, y no si las personas estaban a favor o en contra”, afirmó Viollier.
Migración del crimen
Al final, ¿los globos equipados con cámaras realmente combaten la violencia? La intendencia de Santiago publicó un informe pago en los diarios de todo el país para divulgar un estudio que aseguraba que sí, que los delitos en el radio de operación de los globos aerostáticos se habían reducido un 25%. Derechos Digitales sospechó y fue a investigar a fondo, solicitando a la administración municipal las cifras de delincuencia de toda la ciudad, y descubrió que, de hecho, el índice había bajado en las áreas vigiladas, pero había aumentado en otras. Los ladrones caminaron algunas cuadras y siguieron practicando delitos. “Ese movimiento es clásico”, dice Natalia Zuazo, periodista argentina autora del libro Guerras de Internet, que aborda los impactos muchas veces negativos de las tecnologías. “Investigué en toda América Latina y puedo afirmar que las cámaras solo hacen migrar al delito. Existen modos más eficaces y baratos de combatir la violencia.
El proceso en Chile terminó en junio de este año. La intendencia apeló a la Corte Suprema y obtuvo permiso para utilizar los globos aerostáticos. Para las ONG de derechos civiles hubo una victoria parcial: la Corte reconoció que la manera como el gobierno operaba los equipos podría violar derechos fundamentales de los ciudadanos y consideró establecer límites al uso y los protocolos de gestión de datos. Hoy, los globos aerostáticos en Santiago tienen una delimitación de espacio físico: solo pueden operar y grabar estrictamente en espacios públicos. “Es un avance, pero no dicen cómo van a controlar eso”, dice Viollier, de Derechos. “En Canadá, por ejemplo, hay limitaciones técnicas que indican claramente los lugares donde no se puede grabar. Si hay casas muy cerca, no se puede. Aquí es genérico, no dice cómo va a ser, cuáles son los padrones”.
Además, un inspector o comisario municipal debe asegurarse de que las imágenes sean eliminadas todos los meses, ya que no pueden guardarse por tiempo indefinido. Las ONG está estudiando la hipótesis de apelar a instancias internacionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para impedir que los globos funcionen de modo definitivo en Chile.
¿Y en Brasil? La gran duda sobre la capacidad que tienen los globos aerostáticos de reducir los niveles de criminalidad persiste. Además, el Ministerio de Justicia no se posicionó sobre la existencia (o no) de protocolos de derecho a la privacidad, control de los puertos de transmisión de las imágenes en vivo y seguridad de los datos almacenados. Una ventana abierta para abusos y usos indebidos.
* Texto originalmente publicado no Gizmodo
