Vigilar y entretener,
 un modelo de negocios feliz

El Centro de Operaciones Tigre, inaugurado en 2008, hoy también es la sede de la Secretaría de Protección Ciudadana del partido y donde se desempeñan también empleados de la Dirección de Tránsito y Transporte, Defensa Civil y de la Dirección de Derechos Humanos, que se encarga del control de las funciones de seguridad. En la estructura del ministerio, los 300 operadores de cámaras son el grupo más numeroso. Son quienes trabajan en el sector más visible, el de videovigilancia, el sistema implementado en 2008 cuando el entonces intendente y actual diputado provincial Sergio Massa instaló los primeros ojos del monitoreo urbano. Hoy, siete años después, las cámaras ya son famosas. Son casi sinónimo de Tigre y se replican en otros municipios a través de la televisión que las muestra protagonistas de operativos varias veces por semana. También, son la imagen misma del futuro: para Massa, hoy candidato presidencial de la Argentina, la seguridad es el principal eje de campaña, e instalar cámaras, ahora en todo el país, una de las primeras medidas que su gobierno tomaría si llegara al poder.

—Cuando Sergio visita una villa, no le piden un plan social. Le piden que instale cámaras.

—A Sergio lo identifican con las cámaras de seguridad —me dice Santiago García Vázquez, que hace diez años trabaja en el equipo de prensa de Sergio Massa.

—¿No es peligroso “usar” la inseguridad para hacer campaña? —le pregunto.

—Yo tengo el desafío de instalar a Massa como presidente. Pero Massa es uno más de los 135 intendentes de Buenos Aires. ¿Por qué un medio de comunicación nacional va a estar interesado en algo local? Es muy difícil. Entonces nosotros comunicamos seguridad.Y necesitamos mostrarlo. Yo, desde hace siete años, tengo que lograr que dos veces por semana “las cámaras de seguridad de Tigre” salgan en los medios.

—Si el objetivo era ése, lo lograste. Las cámaras de Tigre están en todos lados.

—Claro que sí. Te digo más: nosotros hicimos que las cámaras sean protagonistas. “Las cámaras permitieron atrapar un delincuente”, “Las cámaras lograron tal cosa”, “Las cámaras tal, tal y tal”. Queríamos publicitar las cámaras y lo logramos.

Al final, Tigre también redujo un 80% el robo de autos. Pero nos llevó siete años de trabajo.

—Los medios fueron fundamentales. ¿En qué momento los convertiste en aliados de las cámaras?

—En 2010, durante un viaje de Sergio, me llamaron del COT. “Se cayó una avioneta en la ruta 197 y Colectora, al lado de una estación de servicio”. Podía haber explotado todo, pero los pibes de las cámaras la vieron a tiempo: mandaron a los bomberos en minutos y no estalló nada. La cámara era espectacular: vos veías al avión caer, bruuuuum. Buscalo hoy en YouTube y tiene miles de visitas. Era buenísimo para la televisión. Los productores de los noticieros mataban por tener eso.

—¿Y qué hiciste?

—Me estallaba el teléfono, tenía a todos los productores quemándome la oreja: “Dame la cámara, dame la cámara”. Entonces hablé con Sergio.“Si vamos a dárselas a los medios, tiene que ser una estrategia de aquí en adelante”, me dijo. “Pero que cuenten que gracias a las cámaras se pudo prevenir una emergencia. Que digan que dan resultados”. Y así fue. Les mandé la grabación de la cámara a todos los canales, por moto. Ahora ya avanzamos tanto que directamente subimos las cámaras a un servidor para que las bajen, todos al mismo tiempo. Somos muy democráticos con eso. Y también, obviamente, a veces tenemos que pedir autorización a la Justicia para difundir algunas cámaras. Pero siempre se las damos a los medios.

—Pero la decisión fue cuestionada en ese momento. No todos estaban de acuerdo con darle ese material a los medios.

—Obvio. Los sectores del viejo peronismo de Tigre cuestionaron por qué hacíamos prensa con las cámaras. ¿Sabés por qué? Porque fuimos los primeros. No había centros de monitoreo y una política tan agresiva de comunicación. Yo tenía un video donde caía una avioneta y llegaba una ambulancia en seis minutos. Ni siquiera tenía que editarlo. ¡Todo en tiempo real! Para los canales era una papa caliente.

—Y sobre el tema de la privacidad de las imágenes, ¿tuvieron resistencia, debates?

—Sí, porque todavía no éramos tan fuertes políticamente. En el Concejo Deliberante todavía gobernaba la oposición que se resistía a aprobar presupuesto para la fibra óptica de las cámaras con el argumento de la privacidad. “Es meterse con cosas delicadas, es hacer marketing, no política”, decían. También se resistían en nuestro propio bloque. Pero Sergio estaba decidido: “Vamos a fondo con esto”, decía. Al final, ganamos, pusimos la fibra óptica y las cámaras empezaron a funcionar.

—Para vos, si las cámaras funcionan, el debate no es tan importante.

—Mirá, toda la comunidad “más intelectual” plantea el debate privacidad/cámaras. Pero la realidad es que el robo de autos bajó. Yo no ingreso con una cámara a la propiedad privada. Si se cae un avión en un country, como ha pasado, y yo tengo al avión en el cielo, eso lo puedo mostrar, es mío. Yo no muestro nada de adentro, pero mientras cae no es propiedad privada, ¿no?

—Pero vos, personalmente, ¿te planteaste si era bueno vivir rodeado de tantas cámaras?

—Sí, a mí me hacía ruido el tema. “¿Qué onda si hay personas dándose un beso en un auto o están en un departamento y el pibe que está monitoreando es un perversito?”, decía. Pero hay un protocolo de acción para los operadores que les impide invadir la privacidad ajena. Si eso sucede, se los separa del cargo.Y hasta ahora nunca sucedió.Yo se lo tuve que explicar mucho a los periodistas. La cámara previene.Tenemos cámaras con escuchas donde los chorros dicen “Mejor no vayamos a Tigre porque filman” o “No vendamos droga acá”. Se disuade a los delincuentes para que no elijan Tigre.

—Justamente, una de las críticas a los sistemas de videovigilancia es que previenen el delito en un territorio, pero lo corrés a otro lugar.

—Está bien, pero ahí lo que Massa plantea es que él tiene una respon- sabilidad con los vecinos de Tigre que lo votaron a él. Él necesitaba que Tigre fuera seguro. Después, podrás trabajar con San Fernando para que tampoco estén allá. La idea es correr a los tipos. En definitiva, que no estén acá. Ahora que quiere gobernar el país, también lo plantea: una cámara cada mil habitantes. Sergio lo dijo siempre muy claro: cuantos más ojos tengamos, mejor. Cuanto más vigilado esté el territorio, mejor.

—Entonces la solución a la inseguridad es llenar el país de cámaras. Hasta que los delincuentes se caigan al río, por ejemplo.

—Bueno, hay lanchas del COT en el río.

Santiago García Vázquez sonríe. Pero habla en serio. Repite lo que su jefe declara en los medios: “Argentina necesita una cámara cada mil habitantes. Cuantos más ojos vigilando tengamos, más seguros estaremos”. Para Massa, la seguridad se trata de introducir la tecnología a la vida de la gente. En su Argentina del futuro cada movimiento puede verse y atacarse.

Massa, de 43 años, no es el único político argentino ni del mundo que recurre a las cámaras como una solución eficiente contra la inseguridad. Pero sí fue el primero en presentarlas como el eje de su plan. Su país perfecto está vigilado con un “cerrojo digital” donde no pueden entrar los delincuentes, donde queden del lado de adentro los ciudadanos “de bien”. Si son delincuentes, no son ciudadanos. Tigre, el lugar que gobernó y donde hoy vive, es su ejemplo a copiar y extender al resto del país.

Los 380 mil tigrenses ya son parte del experimento: conviven con una cámara cada 290 habitantes, un número que se incrementa año a año, y un modelo que se contagia a los distritos vecinos como San Fernando o Escobar, que también se van armando de tecnología. Es una ciudad Gran Hermano, donde vivir siendo visto es el precio a pagar por sentirse seguro.

En el norte de Buenos Aires están algunas de las ciudades más vigiladas de la Argentina.También, las más fragmentadas: en Tigre hay un 60% de territorios ocupados por countries, barrios cerrados y complejos urbanos de altos ingresos.Allí vive sólo el 10% de la población deTigre (y el propio Massa, que vive en el barrio cerrado Isla del Sol). El 90% de la gente vive en el 40% restante del municipio. El 91% de las viviendas cuenta con buenas condiciones de habitabilidad. Sin embargo, todavía hay un 47% de hogares sin gas y el 83% aún no tiene cloacas.¹ Pero, según el candidato del Frente Renovador, lo que los vecinos reclaman es más seguridad. Por lo tanto, más tecnología.

Desde su llegada al poder en Tigre, la seguridad fue uno de los ejes de campaña de Massa. Su estrategia, tanto para la seguridad como para otros aspectos de la gestión pública, incluye una gran dosis tecnológica. En su municipio, los patrulleros, los colectivos, los bancos, los boliches bailables también tienen cámaras, sistemas de GPS y botones de pánico conectados al Centro de Operaciones de Tigre, el mismo lugar donde llegan y se vigilan las imágenes de las 1.300 cámaras (en su mayoría modelo domo). Los ingresos y egresos del partido también fueron poblados de fibra óptica para permanecer vigilados. Las patentes de los autos que cruzan los límites de municipio son monitoreadas por cámaras especiales. En las cuatro estaciones (de tren, el puerto fluvial y las dos terminales de ómnibus) también hay instaladas cámaras especiales fijas, que trabajan con reconocimiento facial, en áreas de gran circulación de personas, especialmente durante el fin de semana. Además de recurrir al sistema provincial de alertas 911,Tigre también cuenta con Alerta Tigre 2.0, un sistema que funciona vía SMS y alerta a su policía local ante delitos. Las mujeres víctimas de violencia de género son provistas de un dispositivo de alerta especial. El municipio también posee tres drones y con pilotos especialmente capacitados que cumplen guardias en caso de que se necesite utilizarlos.

La tecnología también está presente en los distintos procesos del Estado a través de una oficina de innovación donde funcionan unas 15 áreas que se valen de tecnología para brindar servicios a los ciudadanos. Allí se gestiona desde el manejo de las redes sociales hasta las señales de tránsito informatizadas y la actualización de todos los sistemas de información y alerta del municipio: las entradas y salidas de la autopista, el tránsito, el nivel del río, las alertas y posibles crecidas del agua en las islas. La ayuda social y los servicios a los vecinos también están informatizados. Sin embargo, lo que el candidato Massa hace más visible es la tecnología aplicada a la lucha contra la inseguridad. Según él, es la muestra de que invertir en tecnología genera resultados positivos para la sociedad. Son, como él también dice, una muestra de “gestión”.

Sergio Massa —como sus otros compañeros de la generación política intermedia², Mauricio Macri, Daniel Scioli, Francisco De Narváez o Jorge Capitanich— ama la gestión.
La gestión es tiempo. Es hacer las cosas rápido, sin pasarlas por el tamiz de la ideología. No se necesitan cuadros académicos o intelectuales —como tenía la izquierda—, sino “planes estratégicos” creados por “equipos técnicos”. De allí a la incorporación de la tecnología como herramienta destacada de la gestión hay un paso. La tecnología tampoco tiene —para ellos— política ni ideología. Es un medio para conseguir resultados. Se compra, se usa y ofrece una solución. Si la cámara atrapó a un ladrón de estéreo esta tarde, la imagen tiene que llegar a la pantalla esta misma noche.

Mientras los cuerpos están cada vez más vigilados, los datos que registran los aparatos van quedando en manos de distintas autoridades de gobierno y seguridad. Nuestra privacidad, además, queda en poder de las empresas que proveen las tecnologías y que gestionan las bases de datos. En ellas, hay información tan sensible que permite identificar por sus huellas digitales o el iris de su ojo a una persona o acceder con un clic a las imágenes de los lugares que transitó: una estación de tren, una calle, un colectivo, una ruta. Sin embargo, esa información no siempre es tratada con la seguridad que corresponde.A veces simplemente se utiliza como un insumo más para lograr resultados “de gestión”.

Con esos “resultados” se ganan elecciones o al menos se los publicita para ese fin. En el camino, la tecnología se sigue instalando en todas las ciudades del país. Sin debate público sobre sus usos, sobre los presupuestos que se destinan a comprarla o sobre quiénes serán los dueños de los datos y cómo los manejarán. Simplemente, se multiplican entre nuestros cuerpos y los espacios que ocupamos.

Tigre es uno de los distritos más vigilados por cámaras de seguridad en la Argentina. Pero sus 1.300 cámaras no están distribuidas por igual en toda la localidad: en los countries no hay cámaras públicas. Eso implica que el resto del municipio, las 152 mil personas que viven “muros afuera”, es decir, en los barrios de menos poder económico, es la zona más vigilada. En Tigre la mayoría de las cámaras son modelo “domo”, una especie de ojo oscuro en forma de esfera insertado adentro de una carcasa que permite mirar en 360 grados hacia distintos puntos sin que se pueda divisar fácilmente hacia dónde está apuntando. La marca más común, tanto en ese distrito como en el resto del país, es Bosch cuyo modelo VG4 yVG5 es el más comprado por las ciudades argentinas. Las cámaras, importadas, se adquieren a través de licitaciones, que —también, en un gran porcentaje del país— son ganadas por GlobalView, la empresa líder del mercado, que además de vender las cámaras provee su mantenimiento y las conecta con las redes de fibra óptica para transmitir sus datos. Junto con el modelo domo, tanto en Tigre como en otras localidades, también se utilizan otros modelos de cámaras, fijas, direccionadas a ciertos puntos, por ejemplo para detección facial en zonas muy transitadas, como estaciones de tren o terminales de colectivos. En estos casos, se utilizan cámaras Panasonic con tecnología DVR (son un circuito cerrado, que graba imágenes en forma analógica, que luego son digitalizadas).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), sus 3 millones de habitantes conviven con 3.200 cámaras. O sea, hay una cada 930 personas. Las primeras se instalaron en 2005 en la Plaza Houssay, entre la Facultad de Ciencias Económicas y de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, durante el mandato del entonces jefe de Gobierno porteño JorgeTelerman.En 2007 se creó el primer centro de monitoreo de la ciudad y se cubrieron las plazas públicas con 74 cámaras. En 2009, con la puesta en marcha de la Policía Metropolitana (la fuerza local), se extendió la vigilancia. Hoy, existen 2.000 cámaras, que se suman a las 1.200 instaladas también en suelo porteño por la Policía Federal.

Un porteño, un visitante de la ciudad o un turista que camina por la Avenida 9 de Julio desde Independencia hasta Santa Fe será filmado doce veces, si se cuentan sólo las cámaras oficiales (y se omiten las de empresas privadas). Las plazas, avenidas y lugares con mayor tránsito de personas (el Obelisco, las estaciones de Retiro y de Once) son las que tienen más presencia de cámaras. Entre los barrios, Puerto Madero se destaca como el más vigilado, si se considera que para los sólo 8.000 habitantes de sus 2 kilómetros cuadrados se emplean 25 cámaras: es decir, una cada 300 habitantes, una cifra cercana al promedio de Tigre. El vecindario tiene una tasa bajísima de ocupación: sólo el 28% de sus residencias están habitadas. Pero recibe todos los días 45 mil turistas de alto poder adquisitivo, que además de las cámaras policiales son registrados por la gran cantidad de cámaras de los edificios desocupados y por la Prefectura, que mantiene en la zona una tasa de delito cercana a cero. En el resto de la ciudad sí se registran delitos. Se concentran en otras zonas de alto poder adquisitivo: Palermo, Recoleta, Belgrano, Núñez y Colegiales.

Descrição dos objetos da imagem

La Policía Metropolitana tiene un Centro de Monitoreo Urbano (CMU) en su sede de Barracas, sobre la Avenida Patricios.Allí, en el sur de la ciudad, en el sexto piso de un edificio rodeado de construcciones modernas, convive un equipo de cinco programadores de software que se encargan de las tareas técnicas, un equipo de legales que procesa los pedidos judiciales que llegan para las imágenes y los empleados civiles y policiales que trabajan en dos salas.

En la primera, más pequeña y oscura, se reciben las alertas de los botones de pánico instalados en edificios públicos, centros de jubilados, clubes, inmobiliarias, comercios, iglesias y templos religiosos, y los que se reparten a encargados de edificios, testigos protegidos en causas judiciales y mujeres que sufren situaciones de violencia de género, entre otros. Decenas de monitores resaltan en la oscuridad, muestran mapas de los barrios e imágenes de colores según las alertas.

En la segunda sala, más luminosa, con una vista que se abre hacia el este trabajan 30 operadores en tres turnos de ocho horas, con quince minutos de descanso por cada 60 minutos de monitoreo de imágenes. Las edades son muy variables y van desde jóvenes que no llegan a los 30 años hasta otros mayores de 50.

Cada operador ve 16 cámaras durante su turno. Sólo acerca el zoom de la cámara ante un “escalamiento”, que en la jerga policial implica un movimiento extraño, una salida de humo o un movimiento excepcional. Si eso sucede, avisa al oficial superior y allí puede acercar más la cámara a un punto determinado (la puerta de una casa, un balcón, el banco de una plaza o una persona). En caso de confirmarse un delito o una situación que requiera de acción, el official le avisa al comando del Centro Único de Coordinación y Control, ubicado al norte de la ciudad, en un edificio de la calle Guzmán, en Chacarita, que se encarga de enviar un patrullero, una ambulancia o lo que requiera el caso.

El inspector Jorge Brieva, hoy a cargo del CMU, trabaja hace 24 años en el área técnica de la policía. Primero se desempeñó en telecomunicaciones de la Federal y ahora se encarga de las cámaras de la Metropolitana.

—Nuestra fuerza ya nació digital, pero los que atravesamos la ex- periencia analógica también la volcamos acá —cuenta—. Podés tener las cámaras, pero siempre estás atento y tenés que capacitarte en cómo cambia el delito. Los que tenemos muchos años detectamos un movimiento sospechoso apenas sale en el monitor. Flaco, camisa y corbata impecables,afeitado y peinado como si fueran las ocho de la mañana, Brieva explica que, además de las cámaras, la Metropolitana cuenta con otras herramientas tecnológicas dedicadas a la seguridad:un camión de exteriores similar al de los canales de televisión (con dos cámaras domo y dos fijas), dos “mochilas de rápido despliegue” que transmiten imá- genes en 3G y un dron propio.³ Desarrollado por la propia Policía durante dos años, el llamado “Metrocóptero” se utiliza para el control del tránsito y para sobrevolar zonas durante situaciones de emergencia.⁴

En la tercera fila de escritorios de la sala de monitoreo de la Metro- politana se encuentran los supervisores desde una tarima, que ven la gran pantalla de 12 monitores y también las de todos los operadores. En el escritorio principal, una pantalla les muestra, en vivo, las principales cadenas de noticias porteñas:TN, C5N, Canal 26, CN23 y los canales de aire 13, 11, 9, 7. En algunos canales, las cámaras son protagonistas, mostrando los movimientos de tránsito de la mañana. En la siguiente señal televisiva, las imágenes ocupan la programación con un robo frustrado o un choque la noche anterior. En otra emisora, un talk show transcurre entre sus noticias de chimentos, la receta de pionono de atún y el móvil desde Mar de Plata.

Al igual que para otros gobiernos, para el de la ciudad de Buenos Aires mostrar “gestión de seguridad” a través de las cámaras también es prioritario.

—¿Cuán importante es para su área la relación con los medios? —le pregunto al inspector Brieva.

—Es importante. Nos interesa que la sociedad sepa lo que está pa- sando.Y también ser fuente de información de los medios. Por ejemplo, cuando difundimos el caso de los limpiavidrios que robaban en la Ave- nida 9 de Julio queríamos alertar a la gente y que supieran que sabemos que eso ocurre. Sin la prensa no se vería lo que hacemos.

—¿Los vecinos siempre aceptan la presencia de las cámaras?

—Casi siempre. En algunos asentamientos no y cuando rompen las cámaras por vandalismo tampoco. En esos casos, nuestra policía acompaña a las empresas que instalan las cámaras y las esperan con los móviles durante la instalación.

En la Metropolitana, una vez que las cámaras toman las imágenes, las guardan en una base de datos durante 60 días para que las autoridades judiciales cuenten con ese material de prueba para sus causas. Pero también existen casos donde ciudadanos hacen pedidos específicos o los seguros las piden como documento, por ejemplo, en el caso de un choque.

Además de Tigre y la ciudad de Buenos Aires, otras ciudades del país, en especial las de mayor densidad de población, también se están proveyendo de cámaras de videovigilancia. Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires hay nueve mil cámaras activas y 125 centros de monitoreo.⁵

Los municipios del norte de la provincia —entre ellos varios contro- lados por el massismo y el PRO— están entre los primeros lugares. San Isidro, con 1.030 cámaras para 45 mil habitantes, tiene un alto promedio: una cada 45 habitantes, conectadas por 100 kilómetros de fibra óptica y monitoreadas desde la una sala de control ubicada en el mismo edificio de la Municipalidad. En Vicente López se instalaron 400 cámaras, para 270 mil habitantes: una cada 675 personas.

En el centro del conurbano bonaerense, el partido más habitado es La Matanza, con 1,8 millones de personas registradas por 600 cámaras. Está lejos de las cifras deTigre o San Isidro.Si sus habitantes quisieran llegar a los promedios de los vecinos del norte, tendrían que convivir con 6.000 cámaras, diez veces más que las actuales (que además serían imposibles de monitorear). Con diferencias en cantidad y etapas de avance quedan pocos de los 135 municipios sin comprar cámaras y expandir las redes de fibra óptica para conectarlas. Cada cámara cuesta entre 15 y 30 mil pesos, según sus prestaciones. El presupuesto para hacerse de ellas y tender las redes de fibra se realiza en muchos casos con recursos locales del partido, y en otros con dinero de programas de seguridad de la provincia o de la nación. Cuando los municipios tienen gestiones opositoras a la del gobernador, las compras de tecnología para seguridad se suelen publicitar más y se las vincula con una “preocupación” de los intendentes para “ocuparse de la seguridad de los vecinos” mientras “otros no se ocupan” (en este caso, el Ejecutivo provincial).

No sólo se publicita la compra de cámaras, patrulleros “inteligentes” y botones de pánico.También se muestran las capacitaciones a los policías y a los operadores que se encargarán de monitorear las imágenes, de mirar a los vecinos para mantenerlos seguros. En las redes sociales de los municipios, los vecinos agradecen y también reclaman tener su cámara, en su cuadra, para vigilar su casa: “Quiero una cámara en 202 y Sobremonte, gracias”, dice Cecilia en el Facebook del municipio de San Fernando. “Se necesita una cámara en la esquina de Ambrosoni y Alem (Victoria) todas las noches se juntan a tomar alcohol y fumar porro, ni hablar de que venden drogas”, escribe su vecina Florencia.“Ocúpense del barrio Mil Viviendas. Pongan cámaras. ¡Hay mucha delincuencia, señor intendente!”, pide Bárbara.“Que pongan una cámara en la calle Beltrán y Miguel Cané, que todos los fin de semana se matan las barras de niños y niñas a piedrazos y botellazos, ¡parecen cavernícolas!”, se queja Claudio.

Sergio Massa, en Tigre, no es el único que invirtió en su entramado tecnológico para la seguridad, pero fue uno de los primeros que se animó a promocionarlo y defenderlo de sus detractores. Pero también respal- daron el modelo de las cámaras las máximas autoridades de la provincia. Apenas designado en su cargo de ministro de Seguridad en 2013, el ex intendente de Ezeiza Alejandro Granados dijo que había que instalar “miles y miles y miles de cámaras” para enfrentar la inseguridad y que había que “llenar la provincia de policías y cámaras”.

La misma presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirch- ner, se pronunció a favor de la videovigilancia:“Yo quiero camaritas en todas partes”, dijo el 3 de diciembre de 2012 durante la inauguración de un sistema de escaneo en el Puerto de Buenos Aires.”⁶ “Mientras más cámaras pongamos, mejor”, repitió varias veces durante el acto, en el que recordó cómo los ojos electrónicos habían permitido encontrar al narcotraficante Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”, que se había refugiado en Argentina. La Presidenta fue consecuente con su voluntad. Desde marzo de 2009, el Gobierno nacional destina partidas presupuestarias extraordinarias para financiar el Plan de Protección Ciudadana, que permitió al gobernador y candidato a presidente Daniel Scioli desplegar la compra de cámaras y tecnología para luchar contra el delito en la provincia de Buenos Aires.

Las cámaras, por ahora, son una buena solución para todos: para los gobiernos, una forma de mostrar gestión en seguridad, un reclamo de las encuestas y los medios. Para los vecinos, tener más cámaras significa sentirse más protegidos. Entonces los presupuestos para comprarlas aumentan. La provincia de Buenos Aires está planificando que los municipios con menos presupuesto, que aún no compraron cámaras, o que tienen buena relación con el poder central, lo hagan: Tres de Febrero, Esteban Echeverría, Berazategui se suman a la lista. En el verano de 2015, Mar del Plata inauguró un centro de monitoreo que su intendente, Gustavo Pulti (del Frente para la Victoria), publicitó como “el más grande de la Argentina”, con inversión en sistemas de acceso biométrico y facial, y sala de servidores propia.
La videovigilancia se acrecienta en tiempos electorales y se convierte en también en una forma de competencia entre los municipios para ver quién construye el búnker-panóptico más grande.

En el mundo, el avance de la videovigilancia se incrementó a partir de 2001, luego del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, y los ataques terroristas en Madrid y Londres en 2004 y 2005. En Estados Unidos y Europa, la “amenaza terrorista” fue y continúa siendo el argumento utilizado para incrementar el control urbano. En América Latina, la excusa que justifica el avance de la videovigilancia es “la inseguridad”.

El avance de la videovigilancia es sostenido y omnipresente. Pero instalar cada vez más ojos no es una solución sustentable, porque es casi imposible para los ojos de los humanos monitorear todas las imágenes que suceden en una ciudad. Se necesitaría otra ciudad paralela, imaginariamente construida en los subsuelos de la ciudad real, para vigilar todo lo que sucede arriba, en sus calles. Con robots (¿o tal vez con las mismas ratas que hoy son plaga en las profundidades de las urbes?) se podría llegar a ese ideal de una persona siguiendo a otra persona para prevenir que cometa algún delito. Pero la tecnología tiene una solución más eficiente: ahora que las cámaras son commodities que ya todos tienen se están desarrollando tecnologías que interactúen con ellas para volverlas más “inteligentes”. La tecnología ya tiene nuevas cámaras inteligentes, que están sumando programas que no sólo filman, sino que también reconocen caras, miran patrones de movimientos, reacciones inesperadas de una persona o que detectan sensorialmente (con temperatura o ruidos) si se están concentrando grupos de personas en una esquina o en una calle (potencialmente, pueden ser un grupo de amigos yendo a bailar, o un grupo de manifestantes con bombas).

La tentación de comprar soluciones técnicas envasadas es tan grande que se evitan algunas preguntas y debates importantes. ¿Hasta dónde armarnos de cámaras resuelve el problema de la inseguridad? ¿Siempre gastar más implica bajar el delito, o se necesitan otras soluciones? ¿Qué consecuencias sociales y culturales estamos dispuestos a tolerar a cambio de ser monitoreados permanentemente? Finalmente, una última pregunta políticamente central: ¿quién decide la incorporación de tecnologías: el Estado o el mercado? ¿La decisión se basa en demandas y estadísticas reales o en las campañas de marketing de las empresas de tecnología?

La incorporación de cámaras no está relacionada con los índices de criminalidad. Antes que en las estadísticas, los gobiernos las incorporan por decisiones que toman por ellos las fuerzas del mercado. Los negocios privados son los que deciden que nos estemos armando de cámaras sin preguntarnos para qué, cómo se usan, cuánto pagamos por ellas (en dinero y en bienes no materiales como libertad y privacidad). Aunque no es algo nuevo: las guerras impulsadas por las corporaciones de defensa y vendedores de armas,las epidemias y sus lazos con las grandes multinacionales de patentes de medicamentos o los virus de las computadoras cuya solución está en grandes corporaciones tecnológicas son otros ejemplos.

En Argentina y en el mundo la instalación de las cámaras no responde a criterios racionales. La compra de tecnologías de videovigilancia no se debe a criterios demográficos: hay grandes urbes con pocas cámaras y ciudades pequeñas con cientos de cámaras.Tampoco se basa en las estadísticas de los delitos: además de ser difíciles de conseguir, los censos de inseguridad se basan en distintos parámetros (denuncias policiales que siempre son incompletas, datos del sistema de salud, información de compañías de seguros, estadísticas privadas y del Estado) y miden delitos muy diversos.

Sin embargo, cualquiera de ellos también parece resolverse con cámaras. Existen ciudades con altas tasas de delitos urbanos que trabajan con planes extensos de instalación de cámaras, pero también distritos con pocos delitos que compran ese tipo de equipamiento. Hay ciudades donde se roban autos, otras donde el crimen más común es producto del narcotráfico y otras donde la seguridad urbana crece para prevenir las consecuencias de la desigualdad social. Pero ante situaciones de inseguridad tan diversas, la tecnología se presenta como una solución común. No sólo eso: en todas las ciudades —más allá de su trama de delito distinta— se instalan los mismos modelos y marcas de cámaras, y las venden los mismos proveedores. “Bosch”,“Panasonic”,“cámaras domo de 360 grados” son palabras que pueden repetirse en una licitación de TafíViejo,Tucumán,y Chicago,Estados Unidos.

También en Tucumán o Chicago se reproduce la ilusión de que tener un iPhone es estar mejor comunicado con el mundo. O que guardar nuestros datos en manos de Google es más seguro que hacerlo en una carpeta de nuestra computadora o en un pendrive de 20 dólares comprado en el supermercado. El marketing de la tecnología, el “furor por lo nuevo”, nos lleva a instalar cámaras como solución mágica contra la inseguridad. El fetichismo, por ahora, le gana a las estadísticas. En febrero de 2015 la revista británica The Economist realizó el informe “Ciudades seguras”⁷, cuya investigación estuvo financiada por la empre- sa de tecnología japonesa NEC, uno de los mayores proveedores mundiales de tecnología de vigilancia y control biométrico para gobiernos del mundo.

“La seguridad está estrechamente vinculada con la riqueza y el desarrollo”, dice el informe. Con esto, destaca que, aun con los sistemas más modernos y la mejor infraestructura, las ciudades sus habitantes se sienten más seguros y menos homicidios registran las estadísticas son aquellas que además ofrecen salud, mejoras en la infraestructura, buenos sistemas de transporte y una serie de factores multicausales que contribuyen a reducir el delito. También señala que es complejo determinar cuál, entre varios factores de mejora, determina la seguridad. Por ejemplo, varias ciudades que se candidatearon o se prepararon como sede de Juegos Olímpicos incrementaron sus índices de seguridad: la mejora en las rutas, los subtes, la iluminación, el planeamiento urbano, también conforman un ambiente más protegido, más allá de la instalación de cámaras, patrulleros inteligentes o policías con ojos electrónicos en sus uniformes.

Respecto de la relación entre seguridad y bienestar en las ciudades, el informe destaca un factor siempre repetido pero también ignorado: las ciudades más fragmentadas socialmente, con barrios cerrados y muros internos, son más inseguras. No importa si invierten grandes presupuestos en seguridad: si las comunidades se encierran para evitar el crimen y la violencia, generan más inseguridad. Además de admitir que la seguridad sigue siendo un resultado de múltiples causas, el ranking de las “Ciudades seguras” demuestra que las primeras en esa categoría no son las más vigiladas (ver infografia).

Las estadísticas locales no reflejan mejoras. Los informes internacionales demuestran que las ciudades más vigiladas no son las más seguras. Los especialistas siguen destacando que la inseguridad está directamente relacionada con la desigualdad social y que sus causas múltiples no pueden resolverse con soluciones únicas. Sin embargo, la tecnología de la videovigilancia sigue promocionándose como una solución de seguridad y los gobiernos destinando una enorme cantidad de recursos a ella.

Vigilância y modelo de negocios

“La vigilancia masiva es una política con un modelo de negocios”⁸, dice el periodista de tecnología canadiense Cory Doctorow. “Espiar a todos tal vez no atrapa terroristas, pero sí hace a los contratistas militares y a las empresas de telecomunicaciones ganar un montón de dinero.” Doctorow señala que vivimos la paradoja de un mundo que se supone cada vez más eficiente, pero donde se toman decisiones basadas en evidencias futuras: usemos estas tecnologías porque nos permitirán resolver un problema. ¿Quién lo dice? Las mismas empresas que venden las soluciones, con sus modelos de negocios adaptados a “lo que necesita la política”. En ese camino,“se crea una gran riqueza para un pequeño número de jugadores, que tienen el dinero suficiente para hacer lobby para que se continúen tomando esas decisiones de política”.

En la Argentina, tres empresas se reparten la instalación y el mantenimiento de los sistemas de videovigilancia en los municipios. No sólo venden las cámaras, sino también equipos de seguimiento satelital, dan soporte técnico y se encargan de las redes de fibra óptica necesarias para transmitir las imágenes. Las relaciones que establecen estas compañías con los municipios son vitales, ya que son ellos los que manejan los presupuestos para tecnologías de seguridad que reciben desde los gobiernos provinciales o nacionales, pero también las que otras veces deciden destinar partidas económicas propias “a pedido de los vecinos”. El poder de estas empresas es el lobby y como en otros negocios de la tecnología se trata de monopolios que se reparten un territorio para vender sus productos.⁹

La primera es Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS), de la multinacional Telefónica, cuya ventaja comparativa es ser dueña de redes de telecomunicaciones y fibra óptica. Con esto, puede ofrecer “paquetes” de videovigilancia y contar con su propia infraestructura para transmitir las imágenes y los datos. En su página oferta los combos necesarios para la seguridad, entre ellos centros de monitoreo “llave en mano”: instala todo, lo deja funcionando y lo mantiene. No solo los ofrece a municipios, sino a todo tipo de lugares que requieran de sistemas de CCTV: hospitales, aeropuertos, cárceles, fábricas, galerías de arte.

Telefónica tiene excelentes relaciones con el kirchnerismo, pero también las tuvo con todos los gobiernos anteriores, desde que se hizo cargo del servicio telefónico luego de la privatización de Entel en 1990. Además, tiene vínculos con empresarios de medios de comunicación como Sergio Szpolski, señalado como propietario del 6% de las acciones de la compañía, y de colaborar mediante su cercanía con el gobierno kirchnerista con la llegada de la empresa a la adjudicación de licitaciones. La segunda empresa es Ubik2, especializada en sistemas satelitales, y fundada en 2008, poco después de la asunción de Daniel Scioli como gobernador de la provincia de Buenos Aires y de que éste comenzara a invertir grandes sumas del presupuesto de seguridad en cámaras. Uno de sus gerentes, Rodrigo Campbell, licenciado en Transporte y Logística por la Universidad de la Marina Mercante, fue vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación y tiene cercanía con el kichnerismo, varios de cuyos municipios se armaron de sistemas de videovigilancia a través de Ubik2.

La tercera empresa, Global View, es la más poderosa. Su nombre es sinónimo de videovigilancia en la Argentina, de ganar licitaciones para sistemas de seguridad y de los vínculos más estrechos con el poder nacional e internacional. Su fundador es Mario Montoto, ¹⁰ un ex integrante de la agrupación Montoneros que fue mano derecha de Mario Firmenich, uno de los líderes de la organización durante los 70. Nacido en La Plata en 1956, militante peronista desde la escuela secundaria, Montoto se dedica hace más de dos décadas al negocio de la videovigilancia, la industria bélica y la consultoría sobre narcotráfico y amenazas transnacionales.

Fundó Global View en 2008, pero había instalado la primera cámara de seguridad a principios de los años 80, en México,“en frente de una casa donde vivía con otra gente”, sus compañeros exiliados de militancia política. En los 90, luego de los indultos del gobierno de Carlos Menem a militares y a su ex jefe Firmenich, Montoto dejó la militancia política y se dedicó a la actividad privada. Desde allí a la actualidad hizo sus negocios en y con todos los gobiernos: comercializó vinos, fue empresario metalúrgico, de transporte y de ferrocarriles.

En 2003 fundó Codesur (Corporación para la Defensa del Sur), compañía que todavía preside y que se dedica a la venta de productos y servicios para la industria bélica. “Porque queremos la paz, trabajamos para la defensa y la seguridad interior”, dice el eslogan de la página web de su empresa, que se encarga desde la venta de equipamiento para la Fuerza Aérea,la Marina y el Ejército,pasando por la capacitación de pilotos y fuerzas de seguridad, hasta de proveer “equipamiento para la guerra electrónica” y “custodias vip”.Todo “listo para usar”, garantiza Montoto. Sus clientes son las Fuerzas Armadas, las policías y todos los niveles de gobierno, que lo contratan para mantener submarinos, reparar helicópteros del Ejército o mantener aviones presidenciales. El plantel directivo de su empresa lo garantiza: entre sus integrantes hay un general de división, un brigadier y un vicealmirante, todos retirados. Quienes lo persiguieron a Montoto en los 70 (y asesinaron a su primera esposa en un operativo del Plan Cóndor en Perú) son hoy sus socios de negocio, y sus clientes.

Además de centralizar sus actividades en Codesur, Montoto tiene un gran manejo de dos áreas fundamentales del poder: los medios de comunicación y los funcionarios de todos los gobiernos. Desde su oficina de Puerto Madero, con cinco relojes que marcan las horasdeBeijing, Washington, Buenos Aires, Tel Aviv y Madrid, Montoto admite que una de sus virtudes es llevarse bien con todos: “No me peleé con Menem, con De la Rúa ni con Duhalde. No me voy a pelear con los Kirchner”, admite. ¹¹ También acepta que se lleva bien con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y con el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro.

A todos ellos, junto a dirigentes de La Cámpora, los reunió en noviembre de 2014 en un congreso sobre “seguridad hemisférica”, una de las actividades que desarrolla bajo el paraguas de la FundaciónTadea,que también edita libros y realiza capacitaciones en temas de defensa y seguridad. En el ámbito de los medios, Montoto también es el responsable de la revista DEF (dedicada a temas de defensa) y del programa de televisión Def TV, al frente de los cuales está el coronel retirado Gustavo Gorriz. Global View, su empresa dedicada a la videovigilancia, también tuvo lazos con el mundo televisivo, con vínculos comerciales con el empresario de medios Daniel Hadad cuando éste era propietario de la señal de cable C5N (luego vendida al grupo de medios Indalo, vinculado con el kirchnerismo).

En GlobalView Montoto centralizó sus negocios del rubro videovigilancia desde 2008. La empresa se adjudicó las licitaciones de sistemas de CCTV más importantes del país para grandes localidades de la provincia de Buenos Aires, como Lomas de Zamora, Tigre, Campana, Escobar, Lanús y Mar del Plata.También tiene contratos con el Ministerio de Seguridad de la Nación (por ejemplo, para las cámaras de la Policía Federal en la ciudad de Buenos Aires) y con el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para los servicios de cámaras y mantenimiento del sistema de la Policía Metropolitana, y ganó las licitaciones en grandes centros urbanos del país, como Rosario.

En febrero de 2012, Montoto vendió Global View a la multinacional japonesa NEC, líder mundial en el rubro. La venta (cuyo mayor capital es su gran influencia en las licitaciones y las relaciones ya establecidas con quienes toman las decisiones de la compra de materiales de videovigilancia en los municipios) fue valuada en 30 millones de dólares y el empresario argentino se quedó con el 15% de las acciones. ¹²

Al frente de la empresa, en la presidencia de NEC Argentina, está Carlos Martinangeli, un hombre cercano al ministro kirchnerista Aníbal Fernández, no sólo políticamente sino porque ambos ocupan la comisión directiva del club de fútbol Quilmes. Pero, al contrario del club de su pasión, con destinos deportivos imprevisibles, el negocio de las cámaras le ofrece seguridad: “Latinoamérica es un mercado potencial muy grande para la videovigilancia, porque no está explotado. Queremos que GlobalView sea la empresa del rubro más grande del mundo”, declaró Martinangeli. Mientras, NEC Argentina ya controla el mercado de los sistemas de identificación por huellas dactilares en dependencias del Gobierno nacional como el Ministerio del Interior.

La influencia de Montoto es tan importante que él mismo acompañó al gobernador Daniel Scioli a Jerusalén, Israel, para comprar los insumos del centro de monitoreo que se instaló en La Plata, la capital de la provincia. Los lazos entre los empresarios de la seguridad dedicados a la videovigilancia, las altas esferas de la decisión política y los medios de comunicación son evidentes. Los dueños de las compañías no figuran en las páginas de las empresas pero no se esconden de las fotos en encuentros políticos o mediáticos. Los vínculos también resultan, periódicamente, en acusaciones de corrupción en las licitaciones, o en manejos poco claros de los presupuestos, que son siempre adjudicados a las mismas compañías, o que muestran irregularidades. En febrero de 2011, la ciudad de Bahía Blanca se hizo eco de un escándalo cuando Mario Montoto declaró en el canal de cable C5N haber resultado ganador de una licitación de 50 cámaras antes de que la misma hubiera terminado.¹³ En otras ciudades se repitieron las denuncias de corrupción. Sin embargo, el avance de las cámaras y los centros de monitoreo siguió adelante.

Es cierto: para algunos problemas, la tecnología es una solución. Nadie se negaría a perder menos tiempo en un trámite que puede hacerse completamente online, a ignorar la información de mapas de tránsito “inteligentes” en horas pico, a proveer de dispositivos de alerta a mujeres en riesgo de violencia. Sin embargo, para muchas de estas y otras soluciones, siempre hay un precio que pagar: esos datos los maneja alguien. Puede ser un gobierno, con reglas claras (o no tan claras) de manipulación de información y cuidado de la privacidad. Pero también lo administran las compañías. El escenario es complejo.

Ni las empresas actúan todas en perjuicio de la gente, ni los gobiernos sólo hacen negocios espurios, ni todo tiene consecuencias negativas. Sin embargo, los grandes presupuestos se siguen manejando a través de empresarios que hacen lobby y políticos que necesitan “mostrar gestión”. Si eso implica llenar las calles de cámaras es bienvenido. Si además esas imágenes luego llegan a los medios, y muestran más acción, es aún mejor.

La relación simbiótica de las cámaras de seguridad con los medios de comunicación es tan grande que algunos de los materiales que ellas obtienen llegan incluso a usarse o cederse para publicidades. Eso ocurrió en el caso del “Héroe de Tigre”, un hombre que corrió sobre las vías del tren segundos antes de que la formación pasara para mover un camión que había quedado parado sobre ellas y que si no hubiera sido aplastado. El vehículo y el hombre resultaron ilesos y el tren pasó sin matar a nadie. Meses después, la imagen se convirtió en parte de “Camaritas”, una publicidad creada para Coca-Cola por la filial Argentina de Young & Rubicam y fue el primer aviso nacional en llegar a la tanda comercial del Superbowl de Estados Unidos, donde lo vieron 100 millones de personas en simultáneo.

Para crearlo, la agencia instaló cámaras “ocultas” que captaran imágenes que demostraran que la gente realiza acciones de bondad y valentía aun cuando nadie la mira.En ese video el“Héroe deTigre” aparece como uno de los valientes y el municipio de Tigre —que cedió esa imagen luego de consultar con el hombre— figura con su marca en el comercial que recorrió el mundo. Cuando se estrenó en las redes sociales los comentarios fueron en su mayoría positivos. Su recorrido internacional también fue exitoso: “Camaritas” fue elegido como el mejor aviso por los televidentes del Superbowl 2012.

Con su presencia en las noticias y hasta en la publicidad, las imágenes de las cámaras de seguridad van legitimando su aparición en los medios. Son recibidas como una forma de “combatir la inseguridad” en forma de ojos que eliminan a los delincuentes con su sola presencia. Pero también como una forma de vigilantenimiento (una mezcla de vigilancia con entretenimiento), que es utilizada por la publicidad con un marketing positivo de las emociones, como sucede con el aviso de Coca-Cola.

Pero mientras la vigilancia se extiende y convivimos con ella aparecen nuevas preguntas, conflictos y dilemas. Las preguntas tienen respuestas ocultas o que están siendo todavía debatidas. Entre ellas: ¿dónde están ubicadas las cámaras?, ¿pueden estar camufladas, ocultas, o tenemos derecho a conocer los lugares desde donde nos registran?, ¿cuánto tiempo se pueden guardar las imágenes y para qué fines se pueden utilizar?, ¿los medios pueden tener acceso a ellas? Los dilemas retoman el difícil equilibrio entre el derecho a la seguridad y el derecho a la privacidad. ¿Qué derechos dejamos de lado con tal de garantizar la seguridad? ¿Hay una forma buena y una forma mala de ser vigilados? ¿La privacidad —o lo que conocíamos como ella— está condenada a desaparecer? ¿Podemos reclamarla, o debemos aceptar su final?

En la ciudad de Buenos Aires, la ley 2.602 de 2007 regula el funcionamiento de las cámaras en el distrito181. Es obligación de las autoridades señalizarlas, para que los vecinos sepan que están siendo vigilados. Junto con esta norma, el uso de las cámaras también debe respetar ley 1.845 (de 2005), de Protección de Datos Personales, que resguarda las imágenes como un dato de carácter personal que debe ser tratado sin violentar el derecho a la privacidad. Esto significa que, aun en el espacio público, las personas tenemos un derecho y una expectativa de privacidad y anonimato, garantizado por diversas normas nacionales e internacionales de derechos humanos.

Sí suele haber problemas con la identificación pública de las cámaras y con la cesión de las imágenes a los medios. En la ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo, a través de su Dirección de Protección de Datos Personales, se ha encargado de tomar cartas en el asunto en algunos de estos temas. En 2013, el sociólogo Andrés Pérez Esquivel llevó a ese organismo un pedido para que el Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad entregara un listado de ubicación de las cámaras. La respuesta fue que esa información era “confidencial” y a los pocos días incluso dio de baja la información de la locación de las cámaras de su página web. La Defensoría había recibido una negativa similar, que se sumaba a la respuesta del ministro de Seguridad Montenegro en una audiencia en la Legislatura, donde alegaba que revelar el lugar de las cámaras favorecía a los delincuentes a cometer delitos.

Pero esto contradecía la propia letra de la ley, que establece que las cámaras son preventivas, y por lo tanto, si los vecinos conocen donde están las cámaras les permitiría saber “si están siendo víctimas de un robo, disuadir la intención del atacante indicándole que está siendo filmado o incluso acercarse a la cámara más cercana y llamar al 103 ante cualquier peligro, en caso de no contar con presencia policial”.Además, aclaró el sociólogo:“El delito organizado siempre realiza un relevamiento visual previo de ubicación de cámaras en el territorio donde tiene pensado actuar”, por lo que a los únicos que perjudicaba el secretismo era a los habitantes de la ciudad. Finalmente, el Ministerio hizo pública la ubicación exacta de las cámaras y las publicó en sus sitios web oficiales.¹⁴

La paradoja de las autoridades que se niegan a publicar dónde están las cámaras a los ciudadanos es que, al mismo tiempo, las entregan permanentemente a los canales de televisión. Eso sucedió en 2011, cuando, según relata Pérez Esquivel,“el ministro de Seguridad porteño creó el programa Pronto Baires, con el objetivo de responder de manera rápida y eficiente a la demanda de información por parte de los medios de prensa, y sancionó la resolución No 314/11 para crear convenios con canales de televisión”. Luego el funcionario negó públicamente haber firmado ese documento, pero también ya se había conocido que para dar servicios a Pronto Baires había contratado a la consultora AR y Asociados, que tenía vinculaciones comerciales con Global View, la empresa de Mario Montoto que había instalado las cámaras de seguridad ¹⁵. Además, uno de los directores de GlobalView había sido gerente de Canal 9 y C5N, que accedían y mostraban en sus pantallas las imágenes de las cámaras de seguridad.

El círculo es el mismo que se produce en Tigre y en otros municipios de la Argentina: los funcionarios declaran que las cámaras se instalan para prevenir el delito, pero —aunque eso pueda o no suceder— luego también las usan para sus propias campañas de marketing en los medios o como recursos de campañas electorales. Pérez Esquivel señala que en ese espiral radica un peligro llamado “La paradoja del in fraganti”, descrito por su colega brasilero Bruno Cardoso de la Universidad de Río de Janeiro: “Cuando se promocionan los videos exitosos se reproduce la necesidad política y operativa de producir más videos, para lo cual se necesita que haya más delitos que ocurran frente a las cámaras, al mismo tiempo que se los intenta disminuir”.

La pregunta, ya sin pensar en la vigilancia del Estado, de los privados, o entre nosotros mismos al tomarle un video o una foto a cualquiera que está en la calle y subirla a Instagram o a nuestras redes sociales sin consultarle si está de acuerdo, es: ¿hay una vigilancia mala y una vigilancia buena? Si la filmación de nuestras vidas avanza inexorablemente, ¿cómo pensar el límite entre lo público y lo privado en el futuro?

Pensé en mi infancia, todavía durante la dictadura, en La Plata. Mis padres y otros padres, todavía vigilados al salir de sus casas por las fuerzas de seguridad. Los viajes a la plaza, en el cochecito de bebé, con esos hombres (todavía no máquinas de vigilancia) que nos seguían para asegurarse de que efectivamente estuviéramos paseando al sol y no encontrándonos para conspirar contra el régimen. Me acordé, entonces, de mi charla con Claudio Ruiz, el abogado y activista chileno de Derechos Digitales, nacido, como yo, a fines de los 70:

—Hace unos meses tuve que hablar en un encuentro sobre vigilancia en el Parlamento inglés —me dijo—. Y allí, en un país hipervigilado, dije que me resultaba extraño que en América Latina no nos preocupe más la vigilancia. Porque nosotros nacimos en una sociedad vigilada. No tecnológica, pero yo recuerdo patente que en mi infancia, con mi padre dirigente sindical y militante, llamaban todos los días al teléfono de mi casa. La orden era que yo, un niño, tenía que atender y negar que él estuviera allí.

—Es decir, conocimos de niños la idea de vigilancia, aunque no supiéramos bien de qué se trataba.

—Claro, a los 7 años, es una instrucción: “Atiende el teléfono y no permitas que sepan dónde estamos”. Pero ahora, treinta años después, ¿qué cambió para que lo aceptemos sin cuestionar de dónde viene la orden?