Te están stalkeando para darte un valor

Crédito denegado

El abogado y consultor jurídico Flávio Siqueira Júnior solo quería comprar material de construcción para reformar su casa. Pero terminó encontrando un problema inesperado en una tienda de Leroy Merlin en San Pablo, en febrero de 2016. Al terminar la compra un empleado le sugirió pagar en cuotas y, atraído por la idea del pago en cuotas, aceptó crear una tarjeta de la tienda. Sin embargo, después de registrarse le informaron que su pedido había sido negado. Siqueira no tenía el puntaje mínimo para que se autorizara la emisión de la tarjeta.

“No tenía tarjeta de crédito ni descubierto bancario ni obtuve ningún tipo de crédito en entidades financieras ni hice compras a crédito”, asegura. Por lo tanto, no tenía ningún registro de deuda. Intrigado por la negativa, quiso aclarar jurídicamente los criterios que generaron el rechazo.

Siqueira quiso entrar en contacto con Serasa Experian, una empresa responsable por la evaluación de crédito, tratando de entender cuáles son los datos que se almacenan y las variables que se consideran en el momento de atribuir la puntuación de crédito. Después de enviar por correo la solicitud recibió una respuesta que no explicaba demasiado, en la cual la empresa se limitaba a decir que “proporciona los otorgantes de crédito, cuando se la consulta, bajo contrato, datos captados de fuentes públicas y privadas, idóneas y lícitas”.

Motivado por el equipo de Coding Rights que investiga las diversas manifestaciones del Chupadatos, e indignado por la falta de claridad, Siqueira presentó un pedido de hábeas data, proceso que permite a los ciudadanos solicitar los datos que los organismos públicos o las empresas tienen sobre ellos. La idea era forzar, a través de la Justicia, la liberación de los datos para por lo menos a entender qué información usaron y a qué se atribuye una puntuación baja. Ni de esa manera liberaron la información: más de un año después, Siqueira sigue con ese crédito en particular negado y sin entender qué hizo que Serasa Experian lo tratara como un potencial mal pagador.

Una nota en la frente

La situación que vivió Flávio no es un caso aislado. El sector de evaluaciones financieras es uno de los más prometedores del mercado y es un sector en el que actúan empresas de todos los tamaños, entre bancos, instituciones de protección al crédito, como Serasa Experian, y startups de finanzas, las llamadas fintechs. Todas combinan diferentes datos y metodologías para responder de maneras distintas a la misma pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que la persona no pague sus deudas?

Y esa puntuación es la que define si la persona tendrá derecho a un préstamo, podrá financiar el coche y si pagará más o menos intereses. Tú probablemente ya tienes esa nota. Solo no sabes cuál es, y mucho menos como se definió. El salario, la estabilidad en el empleo y los préstamos anteriores, el historial de cumplimiento de pagos, además de datos de las Cámaras de Dirigentes de Tiendas, están entre los datos obvios usados para componer la puntuación. Pero, para obtener evaluaciones más precisas, las empresas abastecen sus bases de datos con la mayor cantidad de información posible, haciendo una serie de cruces de datos y juicios de valor.

Con el tiempo, los datos considerados relevantes se fueron ampliando y dejaron de atenerse a aspectos económicos para incorporar, cada vez más, aspectos cotidianos y de comportamiento, un proceso acelerado por la explosión de las redes sociales. Un perfil en Linkedin, por ejemplo, puede indicar el grado de compromiso con la empresa. Una serie de posts en Facebook sobre resaca puede amenazar una reputación. Tener muchos amigos malos pagadores o sin empleo estable puede indicar que, bueno, tu perfil financiero puede no ser tan confiable como indica tu recibo de sueldo. Por otro lado, tener el último iPhone o una computadora cara puede aumentar tu score.

Pero a ti no te informan sobre nada de eso.

Los stalkers financieros

No hay nada que impida a las empresas financieras utilizar información personal o datos de redes sociales para hacer análisis de crédito. Pero tampoco hay nada que establezca límites al cruce de esa información o al stalking financiero. Y no hay nadie que garantice al consumidor información sobre los criterios utilizados para la elaboración de su nota, o que le ofrezca maneras de cambiar su reputación o corregir alguna información.

“Las personas no entienden qué es un sistema de scoring”, dice Rafael Zanatta, investigador de telecomunicaciones del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (Idec), que investiga la actuación de esas empresas y aboga por cambios en el sistema. La crítica principal es la falta de transparencia: no está claro para el consumidor qué criterios se utilizaron para la elaboración de su nota. Y, por eso, es muy difícil librarse del sello de moroso que alguien pueda habernos estampado en la frente (y no podemos ver).

La complejidad del sistema es una de las razones por las cuales no se informa al consumidor sobre casi nada de lo relacionada con su puntuación. Para entender cómo funciona eso, primero es necesario entender quiénes son los stalkers que ganan dinero revisando con lupa la vida de las personas para encontrar posibles morosos.

Para analizar la información financiera, social y de comportamiento, muchas entidades de crédito recurren a los data brokers, los corredores de datos, empresas que se dedican a recopilar, procesar y vender información personal sobre perfiles de consumidores. Los data brokers revisan fuentes gubernamentales, redes sociales, registros de otras empresas y cualquier rincón de internet donde pueda haber disponible información útil para montar bases de datos de información personal. Separadas, las informaciones recopiladas tienen poco valor, pero cuando se reúnen y organizan de acuerdo con ciertos patrones se vuelven más interesantes para las empresas que contratan esos servicios. La lista de clientes es amplia y abarca desde instituciones financieras y de seguros hasta empresas de telecomunicaciones, campañas electorales e incluso organismos gubernamentales.

Presentes en varios países, estas empresas son desconocidas para el público y actúan, principalmente, en las áreas de marketing, estrategia y financiera. La idea es que con una gran cantidad de información sobre las personas sea posible generar percepciones de marketing, patones de comportamiento y confiabilidad con respecto a los consumidores. Serasa Experian y Acxiom son algunos de los data brokers que actúan en Brasil vendiendo información con análisis estratégicos basados en datos de las personas.

Adiós bancos, hola fintechs

Este mercado mueve mucho dinero. De acuerdo con el periódico Valor Econômico, el procesamiento de datos de crédito factura cerca de 3 mil millones de reales (aprox. 930 millones de dólares) al año en Brasil, y puede duplicar su tamaño en pocos años.

Por su potencial, por ejemplo, supera al mercado de los acreedores tradicionales, como bancos y tiendas, y llegó a las fintechs, que usan la tecnología como un elemento diferenciador de sus productos y servicios. Muchas de ellas tienen herramientas específicas de análisis de crédito basadas en Big Data y en el monitoreo de las redes sociales, por ejemplo. La idea es promover un análisis más rápido, eficiente e inclusivo.

Geru tiene un "modelo propio de evaluación de crédito". La empresa afirma que "combina datos y documentos proporcionados por tomadores de préstamos con información adquirida de diversas fuentes". Según la empresa, son cientos de criterios y un "proceso riguroso que se traduce en una nota de crédito". Esa nota, explica la empresa, está relacionada con la concesión o no del préstamo y también con el valor de los intereses. Consultada durante la investigación, la empresa alegó que su portavoz estaba de viaje.

Lendico, una empresa que dice hacer un análisis exhaustivo y operar con una estructura reducida, funciona con el mismo modelo. Con el slogan “olvídate de los bancos”, promete préstamos sin burocracia y con intereses más bajos. Parece tentador, y lo es, pero el modelo de análisis de crédito, verificado por el equipo de Chupadatos, no es nada claro. Hicimos la misma solicitud de crédito a un banco y a esa fintech y el resultado fue que el mismo préstamo fue liberado por el banco común, pero fue negado según el análisis de la fintech. Preguntamos por qué. Incluso después de recibir la respuesta, continuamos sin saber:

“Con respecto a nuestra evaluación, los factores que influyen son diversos. Uno de ellos es el credit score. Pero hay otros factores, como la porción de los ingresos que se compromete para pagar cada cuota, datos en conflicto, inclusión en listas de morosos e historial de pagos”, explicó la empresa, por medio de su asesoría de prensa. Lendico dice que las informaciones que obtiene son enviadas por el cliente, “son públicas y él nos autoriza a consultarlas”. “Todas son objetivas, claras, verdaderas y de fácil comprensión, necesarias solamente para evaluar la situación económica del consumidor”.

La intermediaria financiera Bom Pra Crédito tiene otro modelo. Esta entidad propone que la persona que pide crédito envíe una selfie, que se utilizará en programas de reconocimiento facial. La foto también sirve para obtener información sobre el dispositivo usado y datos de geolocalización, que pueden cruzarse con la base de datos para saber por dónde circula el consumidor, qué productos consume y si los gastos que realiza son compatibles con sus ingresos aparentes.

En principio, no hay nada de ilícito en la combinación de esa información. El mercado ve ese stalking con buenos ojos: la disminución del riesgo permite distribuir las inversiones de manera más eficiente y dar más estabilidad al sistema financiero. Otro argumento a favor de la práctica es la posible inclusión financiera de los sectores más pobres de la población, quienes no tendrían acceso al crédito por los medios tradicionales. Un emprendedor que no tiene ingresos fijos puede, por ejemplo, obtener la liberación de un crédito si se verifica un movimiento intenso de compradores en su página de Facebook.

El problema es que clasificar a las personas como posibles morosas en un proceso sin transparencia puede tener impactos mayores que la simple negación de una tarjeta. En la medida en que se procesa una serie de datos personales, muchos de ellos delicados, el credit scoring, o puntuación de crédito, puede eventualmente tener efectos no solo injustos, sino invasivos y perjudiciales para el consumidor. Una decisión tomada por las empresas de crédito puede tener efectos que van mucho más allá de no poder realizar una compra o una inversión.

Prejuicios embutidos

En Brasil, la práctica del credit scoring no está regulada por ninguna legislación específica. Sin embargo, existen dos límites: los previstos en el Código de Defensa del Consumidor y en la Ley de Registro Positivo, de 2011.

La ley permite que las instituciones tengan un registro con el historial de pago de sus clientes y, a pesar de que prohíba el uso de información excesiva o delicada, como el origen social y étnico, de salud y orientación sexual, su aplicación al proceso de análisis de credit scoring es limitada. A final de cuentas, no hay transparencia sobre el proceso de análisis de datos. El CDC y el Registro Positivo no detallan cómo se deben procesar los datos de los ciudadanos.

Para Danilo Doneda, investigador sobre privacidad y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, no existen ningún incentivo para que las empresas brasileñas del sector sean transparentes por dos motivos: además de no proporcionar beneficios financieros a quien realiza la evaluación, aclarar al consumidor y la sociedad sobre los criterios utilizados todavía no es una obligación efectiva desde el punto de vista legal.

Doneda cree, sin embargo, que la eventual aprobación del proyecto de ley de protección de datos personales puede tener el efecto de elevar la vara para el mercado, o sea, crear un marco que fuerce a las empresas del sector a adoptar prácticas de mayor transparencia. “La actuación del regulador es necesaria, incluso porque puede ser que algunas empresas tengan un visión más clara sobre la transparencia, pero como los competidores del mercado adoptan malas prácticas sin consecuencias, la tendencia es a que todos se equiparen con una práctica peor”.

Los investigadores y las entidades sostienen que los consumidores deben tener acceso no solo a los datos, sino también al peso que cada uno de ellos tiene en la composición de la nota. Hoy la práctica es oscura.

“No existe información sobre la metodología utilizada y el algoritmo se considera secreto empresarial”, dice Kimberly Anastácio, del Laboratorio de Investigación en Derecho Privado e Internet de la Universidad de Brasilia (UnB). Por la falta de transparencia, no se puede saber si los aspectos personales o delicados pesaron en el momento de negarle el crédito a alguien.

“No podemos estar seguros de que este análisis no se base en prejuicios.” Kimberly Anastácio, profesora de la UnB

Las entidades de defensa del consumidor sostienen que las empresas deben divulgar no solo los datos que usan para la elaboración del crédito, sino también el peso que cada uno de ellos tiene, y ese es uno de los frentes de la batalla jurídica. ¿Quién gana? ¿La propiedad industrial o el derecho de la población a tener acceso a la información que impacta en su vida financiera? Por ahora, la primera viene predominando.

Los aspectos negativos del registro positivo

La Ley del Registro Positivo, de 2011 prevé que los bancos y otras instituciones creen un registro de consumidores que tienen reputación positiva. Varios de ellos ofrecen la opción, que funciona de forma optativa: uno se registra solo si quiere. La misma ley también establece los derechos de los ciudadanos con respecto al tipo de información que se puede recoger y la transparencia y el poder de rectificarlas. La ley prohíbe expresamente la recolección de "datos excesivos" y de "información delicada".

Pero lo que está en discusión en la Cámara de Diputados es el proyecto de ley 122/2017, que altera este sistema e incluye a las personas, automáticamente en el registro y autoriza el intercambio de información entre las instituciones financieras. Más de 40 entidades se declararon contra la propuesta, argumentando que elimina la posibilidad de elección del consumidor, que aumentaría el acoso de los bancos a las personas y crearía un enorme banco de datos de las personas, que incluiría información que iría más allá del aspecto financiero.

Si pensamos en la enorme concentración bancaria en el país - solo cinco instituciones mueven el 80% del dinero de brasileño -, es posible imaginar también la concentración de información en manos de unos pocos. Con el mercado en efervescencia, startups surgiendo y siendo compradas por los gigantes, es posible imaginar que el escenario de un enorme banco de datos único no está lejos de alcanzarse. Si ese banco de datos contiene una nota personal que nos garantiza el acceso al crédito, mediante buen comportamiento, buenos contacto y un buen trabajo, es posible que el escenario de Black Mirror no esté tan lejos.

En China, el gobierno anunció que un sistema como ese tiende a evolucionar hacia el llamado sistema de crédito social, o social credit system. O sea, de la misma manera en que los data brokers trazan perfiles de buenos o malos pagadores, habría una puntuación evaluando qué tipo de ciudadano eres, si eres sincero, confiable, patriota, etc. Por el momento, ese tipo de registro es opcional, pero se volverá obligatorio a partir del 2020.

En la actualidad, ocho empresas privadas están desarrollando algoritmos para ayudar en la implementación de este sistema. Una de ellas es la desarrolladora de WeChat, la aplicación de chat equivalente al WhatsApp en China, que tiene más de 850 millones de usuarios activos. La otra también es socia de Alibaba, gigante del comercio electrónico, que ya declaró que evalúa a las personas de acuerdo con los productos que compran. Las amistades en las redes sociales y el tipo de mensajes publicados también influyen en el crédito social, que, si es alto, de manera curiosa y alimentando un ciclo de consumo y "buen comportamiento", también tiende a transformarse en mejores oferta de servicios y productos.

Qué dice el Supremo Tribunal de Justicia

La legislación brasileña no define el credit scoring. Pero una decisión del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), basada en una serie de procesos por daños morales realizados por consumidores indignados por la existencia de un sistema de puntuación, estableció parámetros interesantes:

1. Para el STJ, el credit score es un método de evaluación del riesgo basado en modelos estadísticos, un procedimiento que utiliza bases de datos como fuente, pero que no es un banco de datos en sí mismo.

2. Es legal. La práctica es considerada lícita y no es necesario el consentimiento de los implicados para que se realice un score sobre ellos.

3. Tienes derecho a saber. La segunda decisión es que el consumidor puede solicitar la fuente de los datos y las informaciones personales valoradas.

4. Sin maniobras extrañas. Todo debe ser claro y preciso para que el consumidor verifique la veracidad y pueda rectificar los datos.

5. No se puede. La decisión impide el uso de datos en exceso, como por ejemplo orientación sexual, religión u origen étnico, para la determinación de la nota. Pero falta claridad sobre qué significa “datos excesivos”.